Italia: los blogueros contra la “Ley Mordaza”

Escrito por Fabio Chiusi, blog Il Nichilista, 24/07/2010.
Traducido por Evelyn Montes. Ver artículo original en italiano

Ayer suscribí y publiqué la apelación No a la Ley Mordaza en la Red, proporcionando también todos los motivos por los cuales pido que el inciso 29 del art.° 1 del proyecto de ley de interceptaciones sea abrogado.

Hoy, gracias a la ayuda de Davide Serafin, lo vuelvo a proponer traducido al inglés, para poder enviarlo a las redacciones de los periódicos extranjeros y a las instituciones comunitarias.

La decisión con la cual, el pasado 21 de julio, la Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, Honorable Giulia Bongiorno, ha declarado inadmisibles las enmiendas presentadas por Roberto Cassinelli (PDL) y Roberto Zaccaria (PD) al inciso 29 del art.° 1 del C.D. proyecto de ley de interceptaciones constituye el acto final de uno de los más graves —por más consciente o inconsciente que sea— atentados a la libertad de información en Red que se hayan consumado en el Palacio.
La declaración de inadmisibilidad de tales enmiendas dirigidas a circunscribir la indiscriminada, ilógica y liberticida extensión a los gestores de todos los sitios informáticos de la aplicabilidad de la obligación de rectificación prevista por la vieja ley de prensa, de hecho, amenaza con hacer de la libertad de información en línea la primera víctima por excelencia del proyecto de ley de interceptaciones, eliminando de raíz hasta la posibilidad de que un aspecto tan delicado y complejo para la información del futuro se discuta en el Parlamento.
Entre las tantas primacías negativas que Italia se lanza a conquistar, gracias al proyecto de ley, sobre el ámbito de la libertad de información, la elección de la Hon. Presidente Bongiorno amenaza con agregar otra más: estamos a punto de convertirnos en el primer y único país del mundo en el que un bloguero arriesga más que un periodista, pero tiene menos libertad.
Exigir que un bloguero proceda a la rectificación en el plazo de 48 horas a partir de la solicitud —exactamente como si fuera un periodista— bajo pena de una sanción de hasta 12 500 euros, de hecho, significa disuadirlo de ocuparse de temas susceptibles de golpear la sensibilidad de los poderes económicos y políticos.
Se trata de un escenario anacrónico y perverso, porque la información en Red ha demostrado, en todas partes del mundo, que constituye la mejor —si no la única— forma de puesta en práctica de aquel antiguo e inmortal principio ratificado por el art.° 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de acuerdo con el cual “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Es necesario separar el riesgo de que se tal escenario se materialice y, entonces, reintroducir el debate sobre el inciso 29 del art.° 1 del proyecto de ley de en el transcurso de la evaluación en Asamblea, para permitir la discusión de las enmiendas que serán representadas. El acceso a la Red, en cientos de países en el mundo, está camino a convertirse en un derecho fundamental del hombre; no podemos dejar que, justamente en nuestro país, los ciudadanos se vean obligados a renunciar a él.